Delito de cohecho

delito de cohecho

El delito de cohecho o soborno en España es el acto corrupto que comete un funcionario, autoridad o particular, independientemente que sea o no contrario a las funciones que ejercen. El cohecho únicamente se castiga cuando existe dolo, es decir, voluntad por parte del autor del delito. El autor debe conocer la finalidad con la que se entrega la dádiva o recompensa.

Es un delito contra la administración pública del capítulo 5 del título 19, aplicándose principalmente a los autores recogidos en el art. 24 del código penal (funcionarios y autoridades). Todas las formas del cohecho se desarrollan desde el artículo 419 al 427.

Cohecho de funcionarios y autoridades

Apartado dónde vamos a ver como se aplica el delito de cohecho a funcionarios públicos y autoridades, también conocido como “cohecho pasivo“.

Acto contrario al cargo

El artículo 419 castiga al funcionario público o autoridad que en provecho propio o de un tercero, reciba o solicite, por sí o por un intermediario, cualquier forma de dádiva, retribución, favor o promesa para el ejercicio de una acto contrario a los deberes inherentes del mismo. También se castiga la no realización o el retraso injustificado para realizar un acto.

Hay que tener en cuenta que se castiga a los autores mencionados, siempre que los actos se consideren contrario se realicen en el ejercicio del cargo y de las funciones del mismo.

La pena aplicable es de prisión de 3 a 6 años, pena de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier empleo o cargo público y para el ejercicio de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 12 años. Sin perjuicio, de que se aplique una pena distinta por el acto cometido, no realizado o retrasado injustificadamente.

Acto propio del cargo

En el artículo 420 se castiga al funcionario público o autoridad que reciba o solicite, por sí mismo o un intermediario, cualquier tipo de retribución, dádiva, promesa o favor por realizar un acto propio de su cargo. En este caso se castiga la realización de cualquier acto que esté dentro de las funciones del cargo.

La pena con la que se castiga esta forma del cohecho es, prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para el empleo de cualquier cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo por un tiempo de 5  a 9 años.

Nota: también se castigará la recompensa posterior de cualquiera de las conductas descritas anteriormente (artículo 421).

Por razón del cargo o función

Por otra parte, el código penal castiga mediante el artículo 422 el mero hecho de admitir, cualquier forma de dádiva, retribución o regalo, que fueran ofrecidos en consideración al cargo o función que ejerza el funcionario público o autoridad. Algunos libros denominan esta forma de delito como “cohecho pasivo propio“.

La pena aplicable en este caso es de prisión de 6 meses a 1 años y suspensión de empleo público de 1 a 3 años.

Cohecho de otro cargos y funciones públicas

El artículo 423 establece que, todos los artículos y conductas anteriores se aplicarán de igual forma a los jurados, árbitros, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, o a cualquier persona que participe en el ejercicio de una función pública.

Las penas que se apliquen serán las mismas de los artículos precedentes, respectivamente.

Cohecho de particulares

El delito de cohecho por particulares viene recogido en el artículo 424, denominado de otra forma “cohecho activo” o como se conoce coloquialmente “delito de soborno“.

delito de soborno

Castiga a cualquier persona particular que ofrezca o entregue cualquier tipo dádiva o retribución a un funcionario público, autoridad o persona que participe en una función o cargo público. Con la finalidad de que realice un acto propio del cargo o contrario al mismo, o para que no realice o retrase de forma injustificada su realización. También se castiga si se entrega en consideración del cargo o función.

De igual forma se castigará al particular que acepte la solicitud de entrega de la dádiva o recompensa, por parte del funcionario, autoridad o persona que participe en las funciones públicas.

Las penas son las mismas con las que se castiga al funcionario o autoridad corrompida.

Contrataciones, subvenciones o subastas

Si las actuaciones ejercidas tuvieran relación con un procedimiento de contratación, subvenciones o subastas convocadas por la Administración o entes públicos, se castigará al particular, sociedad, asociación u organización con:

Pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, los contratos con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público, y ademas, no podrán recibir beneficios o incentivos fiscales y de la seguridad social por un tiempo de 5 a 10 años.

Exenciones y atenuaciones

El artículo 425 y 426 definen dos conductas más atenuadas en las que se castigan de forma especial al autor o directamente libera de responsabilidad.

El artículo 425 castiga al autor, cuando el delito de cohecho o soborno mediare en causa criminal a favor del reo, por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, o de algún ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados.

Es decir, cuando el acto tenga consideración de ilegal y el sobornador en este caso sea alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior (principalmente que tenga una relación con el reo), se impondrá una pena de prisión de 6 meses a 1 año. Este delito se puede considerar especial ya que únicamente se aplica a los mencionados y además tiene una pena reducida.

El artículo 426 libera de responsabilidad, quedando exento del delito de cohecho al particular que, hubiera accedido (ocasionalmente) a la solicitud de cualquier tipo de dádiva o retribución, realizada por una autoridad o funcionario público, y lo denunciare a las autoridades para que procedan a su averiguación. Sólo se aplicara este artículo si no se ha iniciado ningún procedimiento y siempre que no haya transcurrido más de 2 meses desde la fecha de los hechos.

Cohecho de funcionarios de la Unión Europea

El artículo 427 establece que todo lo dispuesto en los artículos precedentes serán igualmente aplicados a las siguientes personas:

  • Cualquier persona que ostente un cargo o empleo legislativo, administrativo o judicial de un país de la Unión Europea o de cualquier otro país extranjero.
  • Cualquier persona que ejerza una función pública para un país de la Unión Europea u otro país extranjero. En este apartado se incluyen los organismos o empresas públicas que ejerzan funciones para la UE u otra organización internacional pública.
  • Cualquier funcionario o agente de la Unión Europea o de una organización internacional pública.

 

Cohecho de personas jurídicas

El nuevo artículo 427.bis introduce las penas aplicadas del delito de cohecho a las personas jurídicas, definidas en el artículo 31. bis. Todas las penas son de multa y las puedes ver en el art. 427 del código penal del boe.

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