Todo sobre el silencio administrativo

silencio administrativo

El silencio administrativo es una forma de finalización del procedimiento administrativo, teniendo validez de acto administrativo y siendo una figura muy común en las distintas relaciones de la administración con los interesados.

Existen 2 formas del silencio:

  • Silencio administrativo positivo/estimatorio: produce efectos beneficiosos para los interesados.
  • Silencio administrativo negativo/desestimatorio: produce efectos negativos en los interesados.

En este artículo vamos a ver las diferentes formas del silencio administrativo según si el procedimiento es iniciado por el interesado o de oficio por la administración.

Procedimientos iniciados por el interesado

El silencio administrativo que se da en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado está regulado en el artículo 24 de la ley 39/2015. Los actos presuntos son aquellos que se crean por la “inactividad” en la respuesta por parte de la administración, es decir, por el uso del silencio administrativo.

– Silencio administrativo positivo

Cuando se vence el plazo máximo sin que la administración haya notificado resolución expresa, se entenderá estimatoria por silencio administrativo en todos los casos, excepto en los supuestos que establezcan lo contrario por norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o internacional que se aplique a España.

La estimación del Silencio permitirá la finalización del procedimiento, teniendo carácter de acto administrativo finalizador.

– Silencio administrativo negativo

El silencio tendrá efecto desestimatorio cuando no se notifiquen en el plazo debido, en todos los interesados que ejerzan el derecho de petición (art. 29 Constitución). Nos referimos al derecho de petición cuando el interesado tenga interés en que se le transfieran facultades que estén relacionadas con el dominio público o servicios públicos.
De igual forma el silencio será desestimatorio en todos aquellos procedimientos de impugnación de actos y en los de revisión de oficio que sean iniciados a solicitud de los interesados.

Nota: La desestimación permite a los interesados interponer el recurso administrativo que sea procedente, o en todo caso el recurso contencioso-administrativo.

Procedimientos iniciados de oficio

Por otra parte en los procedimientos que sean iniciados por la Administración y que no se haya dictado y notificado resolución expresa, se aplicarán los casos de silencio administrativo, debido a la obligación legal de resolver.

Los efectos del silencio administrativo son los siguientes:

  • En los procedimientos que tengan la finalidad de reconocer, la constitución de derechos o determinadas situaciones jurídicas que sean favorables para un interesado, se entenderá desestimada.
  • En los procedimientos en que la administración ejerza las potestades sancionadoras o alguna situación similar que produzca efectos desfavorables para los interesados, se producirá la caducidad. Dictándose resolución que declara la caducidad del procedimiento.

El procedimiento se podrá paralizar por alguna de las causas imputables al interesado, cambiando el plazo para resolver y notificar por la Administración.

Pero, ¿la administración no tiene obligación de dictar resolución expresa?

En el artículo 21 se establece la obligación de dictar resolución expresa por parte de la Administración, sin embargo, el silencio administrativo es una forma de finalización especial. En el silencio estimatorio, la resolución expresa sólo podrá dictarse para confirmar la misma, es decir, se dictará para confirmar el silencio.

En el silencio desestimatorio, la resolución expresa se dictará por la administración sin ninguna vinculación con el sentido del silencio.

Nota: En las formas anteriores la resolución se dicta después de que se produzca el acto finalizador.

¿De qué forma tienen validez los silencios administrativos?

Tiene carácter de acto administrativo, por ello se podrá hacer valer en cualquier administración o ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.

Estos actos tendrán efecto desde el vencimiento del plazo máximo que se dé en el procedimiento, acreditándose un certificado que expida el órgano competente en el plazo de 15 días desde que finalice el plazo máximo para resolver en el procedimiento. De igual forma el interesado podrá pedirlo en cualquier momento.

 

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