Principio de legalidad en derecho penal: qué es y garantías que ofrece

El Derecho penal es la rama que contiene las sanciones más duras de todo el ordenamiento jurídico español, ya que los delitos pueden conllevar incluso penas privativas de libertad. Por eso es necesario que a la hora de legislar en este ámbito se siga el llamado principio de legalidad. En este artículo te explicaremos en qué consiste, y cuáles son sus consecuencias.

¿Qué es el principio de legalidad en derecho penal?

El principio de legalidad en Derecho penal se refiere a que tan solo una ley, previamente aprobada por el Parlamento Estatal, puede establecer aquellas conductas humanas que serán constitutivas de delito, y cuáles será la sanción penal aplicables a las mismas.

Este principio se sustenta en la expresión latina nullum crimen, nulla poena sine praevia lege (ningún delito, ninguna pena sin ley previa).

En el ejercicio del poder punitivo es necesario que este sea sometido a ciertos límites, que deben ser observados para que el Derecho penal sea legitimado ante los ciudadanos. Y precisamente algunos de dichos límites se abarcan en el llamado principio de legalidad, que aporta seguridad jurídica al ciudadano, al saber que no será sancionado por la comisión de hechos delictivos que no hayan sido considerados como tales en la ley, ni con sanciones diferentes a las previstas en esta. Además, serán juzgados mediante un proceso regulado legalmente.

¿Dónde se regula el principio de legalidad?

El principio de legalidad se recoge en el artículo 9.3 de la Constitución Española, que comienza diciendo «La Constitución garantiza el principio de legalidad».

Este principio también queda regulado en el artículo 25.1 de esta norma suprema, que establece: «Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o falta (delito leve) o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento».

Garantías que ofrece el principio de legalidad

El principio de legalidad es uno de los más importantes que rigen en el Derecho penal, ya que constituye una de las garantías por las que se limita la facultad punitiva en el ordenamiento jurídico español.

Pues bien, la aplicación del principio de legalidad supone una serie de garantías que se siguen en el Derecho penal:

Garantía criminal

Una conducta tan solo será considerada delito si la ley la establece como tal. De este modo se garantiza la seguridad jurídica en relación a los delitos, siendo necesario que el poder legislativo determine cuáles lo son, ya que este representa la soberanía de los ciudadanos. La ley debe recoger además las circunstancias agravantes y atenuantes de los delitos.

Garantía penal

La ley debe prever también las sanciones aplicables a los delitos, por lo que también en este caso es el poder legislativo en encargado de determinar las mismas.

Garantía para las medidas de seguridad

También determinará la ley los estados peligrosos y las consiguientes medidas de seguridad, tal como ocurre con los delitos y sus penas.

Garantía de ejecución

Las sanciones por los delitos cometidos por los individuos deben ser ejecutadas y sancionadas dando cumplimiento a lo estipulado por la Ley, y no puede darse ninguna extralimitación en este sentido.

Garantía jurisdiccional

No se puede determinar si existe un delito, y por lo tanto las sanciones correspondientes, sin que se haya celebrado un juicio por el órgano jurisdiccional correspondiente, y hasta que se haya conseguido una sentencia judicial firme.

Prohibiciones que aparecen en el principio de legalidad

También se derivan del principio de legalidad una serie de prohibiciones, como consecuencia de la exigencia lex praevia, scripta et stricta, a continuación hablamos de estos términos:

Prohibición de irrectroactividad

Tiene su esencia en la exigencia de lex praevia, y significa que la ley no puede aplicarse de manera irretroactiva si es más desfavorable o más grave que la ley que había en el momento de la comisión del delito. En cambio, sí podrá aplicarse retroactivamente si favorece al reo.

Prohibición de remisión a instancias normativas inferiores

Derivada de la lex stricta, supone que el delito y la pena deben determinarse por ley y no por normas con un rango inferior, siendo el Parlamento Estatal quien debe determinarlos.

Prohibición de indeterminación o imprecisión

A consecuencia de la lex stricta et scripta, significa que se deben utilizar fórmulas precisas para describir el tipo penal y sus penas, en busca de mantener la seguridad jurídica en relación a las mismas.

Prohibición de la analogía in malam partem

También como exigencia de la lex scripta et stricta, esta prohibición conlleva que en Derecho penal la analogía está prohibida si es desfavorable al reo, si bien no lo está la que pueda beneficiarle.

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