Delito de prevaricación: qué es, tipos y penas aplicables

El delito de prevaricación se puede encontrar en la ley de diferentes formas. Por un parte está el delito de prevaricación como tipo básico y por otra la prevaricación administrativa, judicial y el nombramiento ilegal, cada una se castiga con unas penas distintas.

Por otra parte está el delito de nombramiento ilegal directamente relacionado con la prevaricación, por lo que vamos a explicar ambos delitos a continuación.

Definición de prevaricación

La prevaricación es un delito castigado en nuestro código penal que comienza a darse en el momento que un funcionario, autoridad pública o juez lleva a cabo unos actos y comportamientos contrarios a los deberes y responsabilidad que deben ejercer por el puesto público que tienen asignado, rompiendo con la confianza y profesionalidad que deberían tener. Afectando de forma directa o indirecta a la Administración pública

La prevaricación es uno de los delitos especiales recogidos en el apartado de delitos contra la administración pública siendo autores del hecho ilícito las autoridades y funcionarios públicos que se establece en el art. 24 del C.Penal.

La prevaricación se puede confundir con otros delitos de la administración pública como son: la malversación (uso indebido de patrimonio público) y el cohecho (conocido como soborno), recomendamos su lectura para conocer las diferencias.

Prevaricación administrativa

El delito de prevaricación comienza su regulación en el . Y se da en el momento que la autoridad pública o autoridad, a sabiendas de la injusticia de una resolución, la dictare en un asunto administrativo. Es una forma de abuso de la autoridad, resolviendo a favor o en contra del interesado, creando un perjuicio y una irregularidad en el procedimiento. El dolo es fundamental para considerarlo como delito, es decir, el autor actuará con voluntad propia.

El delito de prevaricación vulnera principalmente el artículo 9 de la Constitución Española:

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

La pena que se impone a los responsables será de pena de inhabilitación especial para el cargo público y además, la inhabilitación para el sufragio pasivo de 9 a 15 años.

Delito de nombramiento ilegal

El delito de nombramiento ilegal se recoge en el artículo 405 del código penal. Castiga a la autoridad o funcionario público que, ejerciendo sus funciones y competencias y a sabiendas de la ilegalidad del acto, nombrara, propusiera o diera posesión a una persona para el ejercicio del cargo público, sin que concurran los requisitos legalmente establecidos.

La pena de multa establecida es de 3 a 8 meses y suspensión de empleo o cargo de 1 a 3 años.

Por otra parte el artículo 406 castiga a la persona que acepta el cargo público por nombramiento ilegal, teniendo conocimiento de que no dispone o carece de los requisitos legales que se exijan para ejercer el cargo.

En este caso, se castiga al particular interesado con pena de multa de 3 a 8 meses y en todo caso suspensión de empleo o cargo público  de 6 meses a 2 años.

Prevaricación judicial

En el código penal existen otras formas de prevaricación, sin embargo no están dentro del apartado de delitos contra la administración pública, sino que afectan a la administración de justicia, hablamos de:

  • El delito de prevaricación judicial (artículo 446)
  • El delito de prevaricación de abogados y procuradores (artículo 467)

Cuando la prevaricación se produce por jueces o magistrados, que a sabiendas de que llevan a cabo un hecho contrario a la ley, dicten una resolución o sentencia manifiestamente injusta, estarán llevando a cabo una prevaricación judicial.

Otros ejemplos de prevaricación judicial son: cuando un juez de forma intencionada, retrasara sin justificar la tramitación de un proceso judicial. También cuando un juez o magistrado se niegue a juzgar una causa judicial.

La penas aplicables a la prevaricación judicial son las siguientes:

  • Pena de prisión de uno a cuatro años cuando se trate de sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito grave o menos grave y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses si se ha ejecutado. En ambos casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.
  • Pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo dictada en proceso por delito leve.
  • Pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.”

Deja un comentario