Delito de prevaricación: qué es, tipos y penas aplicables

El delito de prevaricación se puede encontrar en la ley de diferentes formas. Por un parte está el delito de prevaricación como tipo básico y por otra la prevaricación administrativa, judicial y el nombramiento ilegal. Cada una se castiga con unas penas distintas. A continuación vamos todas estas formas de prevaricación recogidas en el código penal.

¿Sabías qué?

La prevaricación es uno de los delitos especiales recogidos en el apartado de delitos contra la administración pública siendo autores del hecho ilícito las autoridades y funcionarios públicos que se establece en el art. 24 del C.Penal. Otro ejemplo de delitos que afectan a la administración pública son el delito de malversación y el cohecho, los cuales recomendamos su lectura.

▪ Definición de prevaricación

La prevaricación es un delito castigado en nuestro código penal que comienza a darse en el momento que un funcionario, autoridad pública o juez lleva a cabo unos actos y comportamientos contrarios a los deberes y responsabilidad que deben ejercer por el puesto público que tienen asignado, rompiendo con la confianza y profesionalidad que deberían tener. Afectando de forma directa o indirecta a la Administración pública

▪ Prevaricación administrativa

El delito de prevaricación comienza su regulación en el artículo 404 del código penal. Y se da en el momento que la autoridad pública o autoridad, a sabiendas de la injusticia de una resolución, la dictare en un asunto administrativo. Es una forma de abuso de la autoridad, resolviendo a favor o en contra del interesado, creando un perjuicio y una irregularidad en el procedimiento. El dolo es fundamental para considerarlo como delito, es decir, el autor actuará con voluntad propia.

El delito de prevaricación vulnera principalmente el artículo 9 de la Constitución Española:

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

La pena que se impone a los responsables será de pena de inhabilitación especial para el cargo público y además, la inhabilitación para el sufragio pasivo de 9 a 15 años.

▪ Delito de nombramiento ilegal

El delito de nombramiento ilegal se recoge en el artículo 405 del código penal. Se castiga a la autoridad o funcionario público que, ejerciendo sus funciones y competencias y a sabiendas de la ilegalidad del acto, nombrara, propusiera o diera posesión a una persona para el ejercicio del cargo público, sin que concurran los requisitos legalmente establecidos.

La pena de multa establecida es de 3 a 8 meses y suspensión de empleo o cargo de 1 a 3 años.

En el artículo 406 castiga a la persona que acepte el cargo público por nombramiento ilegal, teniendo conocimiento de que no dispone o carece de los requisitos legales que se exijan para ejercer el cargo.

En este caso, se castiga al particular interesado con pena de multa de 3 a 8 meses y en todo caso suspensión de empleo o cargo público  de 6 meses a 2 años.

▪ Prevaricación judicial

En el código penal existen otras formas de prevaricación, sin embargo no están dentro del apartado de delitos contra la administración pública. Sino que afectan a la administración de justicia:

✔ El delito de prevaricación judicial del artículo 446.

✔ El delito de prevaricación de abogados y procuradores del artículo 467.

Cuando la prevaricación se produce por jueces o magistrados, que a sabiendas de que llevan a cabo un hecho contrario a la ley, dicten una resolución o sentencia manifiestamente injusta, estarán cometiendo una prevaricación judicial.

Otros ejemplos de prevaricación judicial son: cuando un juez de forma intencionada, retrasara sin justificar la tramitación de un proceso judicial. O también cuando un juez o magistrado se niegue a juzgar una causa judicial.

La penas aplicables a la prevaricación judicial son las siguientes:

  • Pena de prisión de uno a cuatro años cuando se trate de sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito grave o menos grave y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses si se ha ejecutado. En ambos casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.
  • Pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo dictada en proceso por delito leve.
  • Pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.”
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