La prevaricación administrativa es el delito que se menciona cuando un alcalde, un concejal o un funcionario toma una decisión que parece hecha a medida. Les interesa a quienes han perdido una licencia, una plaza o un contrato por un acuerdo que no les cuadra, y a los empleados públicos a los que piden firmar algo que creen ilegal.
Que la decisión sea ilegal no basta para que haya delito: depende de lo grave que sea la ilegalidad y de si quien decidió lo sabía. Te explicamos qué castiga el artículo 404 del Código Penal, quién puede cometerlo, qué penas tiene, en qué se distingue de una simple ilegalidad y cómo se denuncia, con ejemplos.
¿Qué es la prevaricación administrativa?
Es el delito de la autoridad o funcionario público que dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo, sabiendo que es injusta. El artículo 404 lo describe así: quien, "a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo".
Lo que protege es que la Administración decida según la ley y no según la voluntad de quien manda. La Constitución ya prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos en su artículo 9.3, y el Código Penal reserva el castigo para los casos más graves.
El mismo capítulo castiga dos conductas cercanas. El artículo 405 se dirige a quien propone, nombra o da posesión de un cargo público a alguien que no reúne los requisitos legales, a sabiendas de esa ilegalidad. El artículo 406 alcanza a la persona que acepta el cargo sabiendo que no los cumple.
Todo esto es una parte del delito de prevaricación en sentido amplio, que incluye también la de jueces y la de abogados y procuradores, cada una con su regulación.
Los cuatro requisitos del artículo 404 del Código Penal
Para condenar tienen que darse los cuatro a la vez. El Código solo da la fórmula, y su contenido lo ha ido fijando el Tribunal Supremo, cuya doctrina recoge la sentencia 93/2024 del Tribunal Constitucional.
Una resolución
Resolución es un acto que decide algo: conceder una licencia, adjudicar un contrato, imponer una sanción, otorgar una subvención. Un informe o una propuesta, por sí solos, no suelen serlo porque no deciden. Eso no deja a salvo a quien los firma: si su intervención fue decisiva y sabía lo que se pretendía, puede responder como cooperador (artículo 28).
En un asunto administrativo
La decisión tiene que formar parte de la actividad de una Administración. Las resoluciones de los jueces tienen su propio delito (artículo 446), y tampoco entran las decisiones de gobierno en sentido estricto.
El Tribunal Constitucional lo precisó en 2024, en uno de los recursos del caso de los ERE de Andalucía: elaborar un anteproyecto y aprobarlo como proyecto de ley es función de gobierno, no actividad administrativa, y por eso no puede ser una resolución en asunto administrativo.
Arbitraria: más que ilegal
Este requisito es el que más casos deja fuera. La jurisprudencia identifica la arbitrariedad con una ilegalidad patente, grosera, palmaria, clamorosa o flagrante, una decisión tomada por voluntad o capricho de quien la dicta.
Puede venir de tres sitios: la falta absoluta de competencia, saltarse las normas esenciales del procedimiento o un contenido abiertamente contrario a la ley, incluida la desviación de poder. Una interpretación discutible de la norma no llega, aunque un juzgado la anule después.
A sabiendas de su injusticia
Quien decide tiene que saber que actúa contra el Derecho, es decir, actuar con dolo. Como las conductas imprudentes solo se castigan si la ley lo dice (artículo 12) y aquí no lo dice, no existe prevaricación administrativa por imprudencia. La judicial sí tiene esa modalidad (artículo 447).
Nadie suele reconocerlo, así que se deduce de los hechos: informes contrarios del secretario o del interventor que se ignoran, avisos previos, trámites que se esquivan justo para evitar un control.
Lo que no hace falta es que la resolución llegue a ejecutarse ni que cause un perjuicio a un ciudadano concreto. Según la doctrina que recoge esa misma sentencia, la actividad coincide con el resultado y el daño es la pérdida de confianza en las instituciones.
Quién puede cometer prevaricación administrativa
Solo una autoridad o un funcionario público, pero el artículo 24 del Código Penal define los dos términos a sus propios efectos, de forma más amplia que el derecho de la función pública:
- Autoridad es quien, por sí solo o como miembro de una corporación, tribunal u órgano colegiado, tiene mando o ejerce jurisdicción propia. Es el caso de un alcalde o de los concejales de un pleno.
- Funcionario público es todo el que, por disposición de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente, participa en el ejercicio de funciones públicas. Lo que cuenta es la función que ejerce, así que no hace falta ser funcionario de carrera.
En un órgano colegiado, cada miembro responde por su propia conducta: tiene que cumplir personalmente todos los requisitos, también el de saber que la decisión era injusta.
Un particular no puede ser autor directo, porque no dicta resoluciones. Sí puede acabar condenado si induce al funcionario a dictarla o coopera con un acto sin el que no se habría producido (artículo 28), como el empresario que convence al concejal. En ese caso el tribunal puede imponerle la pena inferior en grado (artículo 65.3).
Penas: inhabilitación, no cárcel
El artículo 404 no prevé prisión. La pena es inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo, de 9 a 15 años. Es así desde el 1 de julio de 2015, cuando la Ley Orgánica 1/2015 la subió desde los 7 a 10 años anteriores y añadió el sufragio pasivo.
La inhabilitación tiene más alcance del que parece: supone perder definitivamente el cargo sobre el que recae, aunque sea electivo, y no poder obtener ese u otros análogos durante la condena (artículo 42). La de sufragio pasivo impide presentarse a las elecciones durante ese tiempo (artículo 44).
| Pena | Prescribe a los | |
|---|---|---|
| Resolución arbitraria (art. 404) | Inhabilitación especial y sufragio pasivo, de 9 a 15 años | 15 años |
| Nombramiento ilegal (art. 405) | Multa de 3 a 8 meses y suspensión de 1 a 3 años | 5 años |
| Aceptar el cargo (art. 406) | Multa de 3 a 8 meses | 5 años |
Los plazos salen del artículo 131 y se cuentan desde el día de los hechos o, si el delito es continuado, desde la última infracción (artículo 132). La multa va por días, con una cuota de 2 a 400 euros según la situación económica del condenado (artículo 50), lo que para 3 a 8 meses da entre 180 y 96.000 euros.
Responsabilidad penal, disciplinaria y civil del funcionario
Una misma actuación puede abrir tres frentes distintos, y cada uno sigue su camino:
- Penal: la condena por prevaricación, con las penas de arriba, que además pueden sumarse a las de otros delitos cometidos con el mismo fin.
- Disciplinaria: el artículo 95.2.d del Estatuto Básico del Empleado Público considera falta muy grave adoptar acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
- Civil y patrimonial: quien es responsable penalmente de un delito responde también de los daños (artículo 116). Fuera de la vía penal, el perjudicado reclama a la Administración, que después exige al funcionario lo pagado si hubo dolo, culpa o negligencia graves (artículo 36 de la Ley 40/2015).
Diferencia con una simple ilegalidad administrativa
La mayoría de las decisiones ilegales de una Administración no son delito: se recurren y se anulan. Cualquier infracción de la ley hace que un acto sea anulable (artículo 48 de la Ley 39/2015), mientras que la prevaricación exige bastante más.
| Ilegalidad administrativa | Prevaricación | |
|---|---|---|
| Gravedad | Cualquier infracción de la norma | Ilegalidad grosera y evidente |
| Intención | Da igual si hubo mala fe | A sabiendas de la injusticia |
| Dónde se ve | Recurso y juzgado contencioso | Juzgado penal |
| Efecto | Se anula el acto | Pena para el autor y acto nulo |
El último dato viene del artículo 47.1.d, que declara nulos de pleno derecho los actos constitutivos de infracción penal o dictados como consecuencia de ella.
Si una decisión te perjudica, lo primero suele ser impugnarla con los recursos administrativos que correspondan, como el recurso de alzada. Una denuncia penal no detiene por sí sola esos plazos, así que conviene no esperar a ver qué pasa con ella.
Prevaricación por omisión: cuando no se resuelve
No contestar suele ser un problema administrativo. La Administración está obligada a resolver (artículo 21 de la Ley 39/2015) y, si no lo hace, entra en juego el silencio administrativo, que da pie a recurrir. La cuestión penal aparece cuando no decidir es la propia maniobra.
La jurisprudencia no es uniforme. Algunas sentencias exigen una actuación positiva porque el verbo del delito es "dictar", y así se ha descartado en el caso de un alcalde que no abrió un expediente sancionador urbanístico. Otras han apreciado prevaricación por omisión, como la de un alcalde que impidió celebrar un pleno extraordinario que debía convocar. El artículo 11, que regula cuándo la omisión equivale a la acción, por ejemplo si hay una obligación legal específica de actuar, está en el centro de ese debate.
Hay un delito distinto para un caso concreto: la autoridad o funcionario que deja intencionadamente de promover la persecución de un delito del que tiene noticia comete el del artículo 408, con inhabilitación especial de 6 meses a 2 años.
Ejemplos de prevaricación administrativa
Estos casos sirven para ver qué tipo de conducta persigue el delito. Una condena depende siempre de lo que se pruebe en cada caso, sobre todo de que el autor sabía lo que hacía.
- Licencia para un familiar: tramitar una licencia urbanística a favor de un pariente omitiendo trámites obligatorios y sabiendo que no procede.
- Contrato a dedo: trocear un contrato para adjudicárselo a una empresa conocida sin la licitación que exige la ley.
- Subvención sin requisitos: conceder una ayuda a quien se sabe que no los cumple, sin expediente que la sostenga.
- Sanción a un adversario: imponer una multa sin procedimiento para castigar a un vecino que critica al gobierno municipal.
- Título falso: dar posesión de un cargo público a quien se sabe que ha falseado la titulación exigida. Aquí se aplica el artículo 405, y el 406 a quien acepta.
Ejemplo
Un ayuntamiento deniega una licencia porque interpreta una ordenanza de una forma que un juzgado anula meses después. El acto era ilegal, pero la interpretación tenía defensa y nadie actuó sabiendo que era injusta: se anula y no hay delito.
Distinto sería que el concejal tuviera delante un informe técnico claro en contra y denegara la licencia para perjudicar al solicitante. Eso sí daría base para una investigación penal.
Cómo denunciar una prevaricación administrativa
Es un delito que se persigue de oficio, así que puede denunciarlo cualquiera que tenga conocimiento de los hechos, aunque no le afecten personalmente. No hace falta probarlos ni presentar querella para denunciar (artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
La denuncia se puede presentar en el juzgado de guardia, en la Fiscalía o en una comisaría. Quien no sea perjudicado y quiera ser parte en el proceso tendrá que presentar querella, con abogado y procurador. Para redactar la denuncia, tienes ejemplos en estos modelos de denuncia.
Cuanto más concreta sea, mejor. Ayudan estos documentos:
- La resolución o el acuerdo y, si se puede, el expediente completo.
- Los informes técnicos o jurídicos que advertían de la ilegalidad.
- Lo que muestre que el autor conocía el problema: avisos, escritos, actas del pleno.
- La norma que se ha incumplido y qué trámite se omitió.
Los empleados públicos tienen una obligación añadida: quien conoce un delito público por razón de su cargo debe denunciarlo (artículo 262). La Ley 2/2023 protege frente a represalias a quien informa, en un contexto laboral y por los cauces que prevé, de hechos que puedan ser delito.
Preguntas frecuentes sobre la prevaricación administrativa
Algunas dudas concretas que suelen quedar después de ver el delito y sus penas.
¿La prevaricación administrativa tiene pena de cárcel?
No. La pena del artículo 404 es inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el sufragio pasivo, de 9 a 15 años. En los nombramientos ilegales de los artículos 405 y 406 hay multa, y en el 405 también suspensión de 1 a 3 años. Otra cosa es que los mismos hechos encajen además en un delito que sí la tenga.
¿Hay prevaricación si el funcionario ha cobrado un soborno?
Puede haberla, junto con otro delito. El cohecho castiga recibir o pedir la dádiva y la prevaricación castiga dictar la resolución arbitraria, de modo que un mismo caso puede dar lugar a los dos. La prevaricación no exige que haya dinero de por medio.
¿Cuándo prescribe la prevaricación administrativa?
La del artículo 404, a los 15 años, porque su pena máxima de inhabilitación supera los 10 años. Las de los artículos 405 y 406, a los 5 años. El plazo se cuenta desde el día de los hechos o, en un delito continuado, desde la última infracción.
¿Un funcionario interino puede cometer prevaricación?
Sí. A efectos penales es funcionario quien participa en el ejercicio de funciones públicas por disposición de la ley, elección o nombramiento de autoridad competente. Lo decisivo es esa participación y que tenga capacidad de decidir en el asunto, no el tipo de vínculo con la Administración.
¿Tiene que haber un perjudicado para que sea delito?
No. Según la doctrina del Tribunal Supremo, basta con dictar la resolución arbitraria a sabiendas, aunque no llegue a ejecutarse ni cause un daño tangible a una persona concreta. Si hay perjudicados, pueden reclamar además la indemnización.
¿Obedecer a un superior libra de responsabilidad al funcionario?
No necesariamente. Si sabe que la resolución es injusta, firmarla por orden de otro no borra el delito. El Código Penal además aclara que no hay desobediencia por dejar de cumplir un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de la ley.







