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Servicios mínimos en una huelga: qué son y quién los fija

PorRubén Angulo

Publicado el

Trabajo, contratos y despidos

Con la huelga de maquinistas de Renfe, miles de viajeros de Madrid y Barcelona se han quedado en el andén aunque había servicios mínimos fijados, y la pregunta de los servicios mínimos en una huelga ha saltado a la conversación: qué son, quién los decide y quién responde cuando no se cumplen. La tienen también los propios trabajadores, el maquinista, la enfermera o el conductor de autobús que recibe una carta de la empresa diciéndole que ese día le toca trabajar aunque su sindicato haya convocado el paro.

La respuesta depende de dos cosas: si el servicio que se para es esencial para la comunidad y si te han designado a ti por nombre. Te explicamos qué tiene que decir la orden que los fija, si puedes negarte a ir y qué te puedes jugar si no vas, desde una sanción hasta el despido.

Qué son los servicios mínimos en una huelga y para qué sirven

Los servicios mínimos son la parte de la actividad que tiene que seguir funcionando durante una huelga para que la población no se quede sin lo imprescindible. Los fija la autoridad del Gobierno, no la empresa ni el sindicato, y solo cuando la huelga afecta a un servicio esencial. El trabajador designado para cubrirlos está obligado a ir, y si no va comete una falta laboral que puede acabar en sanción o en despido.

El origen está en el artículo 28.2 de la Constitución. Reconoce el derecho de huelga y, en la misma frase, encarga a la ley que establezca las garantías para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. La huelga es un derecho fundamental, pero no puede dejar a nadie sin urgencias médicas o sin forma de moverse.

Esa ley sigue siendo un decreto preconstitucional. El artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977 dice que, cuando la huelga se declare en empresas que prestan "cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad", la autoridad gubernativa "podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios". Esas medidas son lo que todo el mundo llama servicios mínimos.

La palabra importa: son mínimos, no máximos. Sirven para cubrir lo indispensable, no para que la empresa funcione como un día normal. Una orden que obliga a trabajar a casi toda la plantilla deja la huelga sin efecto, y eso es justo lo que los tribunales anulan.

Servicios esenciales: en qué huelgas se fijan y en cuáles no

Un servicio es esencial por el derecho que protege, no por el sector en el que está. El Tribunal Constitucional los define por los bienes que atienden: la vida y la salud, la libertad de circulación, la educación, la seguridad o el acceso a la energía y el agua. Por eso en una misma huelga general hay servicios mínimos en el metro y en los hospitales, pero no en una tienda de ropa.

Los casos en los que casi siempre hay servicios mínimos son estos:

  • Transporte: trenes de Renfe y Rodalies, metro, autobuses urbanos, aviones y barcos a las islas.
  • Sanidad: hospitales, centros de salud, urgencias y ambulancias.
  • Educación: colegios e institutos públicos, sobre todo en Infantil y Primaria.
  • Suministros y limpieza: electricidad, gas, agua y recogida de basuras.
  • Emergencias y seguridad: bomberos, servicios de emergencias y prisiones.

En una huelga general no hay una única orden: cada administración fija los servicios mínimos de los servicios que dependen de ella, sector por sector. Por eso un mismo día pueden convivir porcentajes distintos para los trenes de larga distancia, el metro de una ciudad y los hospitales de una comunidad autónoma.

No confundirlos con los servicios de seguridad y mantenimiento

En una empresa que no presta ningún servicio esencial (una fábrica, un almacén, una oficina) no hay servicios mínimos. Lo que sí hay son los servicios de seguridad y mantenimiento del artículo 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977: los necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas y para que la empresa pueda volver a arrancar cuando acabe el paro. Son dos figuras distintas:

Servicios mínimos Seguridad y mantenimiento
En qué huelgas Solo en servicios esenciales para la comunidad En cualquier empresa
Para qué Que la población no se quede sin lo imprescindible Que no haya daños y la empresa pueda reanudar la actividad
Quién los garantiza La autoridad gubernativa los fija en una orden El comité de huelga, según el artículo 6.7
Norma Artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977 Artículo 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977

El artículo 6.7 decía que la designación de quién cubre la seguridad y el mantenimiento correspondía al empresario. La Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981 declaró inconstitucional ese inciso en cuanto le daba esa facultad de forma exclusiva.

Quién fija los servicios mínimos y qué tiene que decir la orden

La orden de servicios mínimos la dicta la administración que tiene la competencia sobre el servicio que se para. En una huelga de Renfe la firma el Ministerio de Transportes. En una huelga de la sanidad pública de una comunidad, la consejería correspondiente. Se publica en el boletín oficial o se notifica a las partes, y desde ese momento es obligatoria.

La jurisprudencia constitucional exige tres cosas a esa orden:

  • Que la dicte una autoridad imparcial. La propia empresa no puede fijar sus servicios mínimos, aunque sea una empresa pública. Dejar esa decisión en manos de la empresa vulnera el derecho de huelga.
  • Que esté motivada. No basta con decir que el servicio es esencial: la orden tiene que explicar por qué fija esos porcentajes y no otros, según la duración de la huelga, las horas afectadas o las alternativas que tienen los usuarios.
  • Que sea proporcional. Cuanto más se acerquen los servicios mínimos al funcionamiento normal, más difícil es justificarlos.

Lo habitual es que la orden fije cuánto servicio hay que mantener (un porcentaje de trenes por franja horaria, un número de quirófanos, una plantilla de urgencias de domingo) y que sea después la empresa quien elija a las personas concretas que lo cubren. Lo que la empresa no puede hacer es ir más allá de lo que dice la orden.

Si la empresa te designa, ¿estás obligado a ir a trabajar?

Sí. Si tu nombre está en la lista de servicios mínimos, tienes que presentarte y hacer tu trabajo aunque hayas decidido sumarte a la huelga y aunque pienses que la orden es abusiva. La orden es ejecutiva desde que se publica, y la forma de discutirla es recurrirla, no dejar de ir.

Ese día trabajas y cobras con normalidad. Quien no está designado conserva intacto su derecho: puede hacer huelga, con los efectos que tiene en la nómina y la cotización que contamos al explicar tus derechos si haces huelga, o puede ir a trabajar si no quiere sumarse. La ley protege las dos decisiones.

La designación tiene sus propios límites. La empresa solo puede llamar a las personas necesarias para cubrir lo que fija la orden. Designar a más gente de la necesaria, o elegir precisamente a los afiliados del sindicato convocante, es una forma de vaciar la huelga que se puede denunciar ante el juzgado de lo social.

Ejemplo

Marta es maquinista de Cercanías y su sindicato convoca huelga. El ministerio fija un porcentaje de trenes en hora punta y Renfe le comunica que ella cubre el turno de mañana. Marta tiene que conducir ese turno aunque esté a favor de la huelga. Su compañero Luis, que no aparece en la lista, puede quedarse en casa ese día como huelguista: no cobra la jornada, pero no le pueden sancionar por ello.

Si tú no haces huelga pero dependes del tren para llegar a tu puesto, la situación es otra: lo explicamos en qué pasa si no puedes llegar al trabajo por una huelga de transporte.

Qué pasa si no cumples los servicios mínimos: sanción y despido

Faltar al servicio mínimo que te han asignado es un incumplimiento laboral, no un ejercicio del derecho de huelga. El artículo 6.1 del Real Decreto-ley 17/1977 dice que hacer huelga no puede dar lugar a sanción alguna, "salvo que el trabajador, durante la misma, incurriera en falta laboral". No acudir cuando estás designado es justo esa falta.

La primera consecuencia es una sanción disciplinaria. Según el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores, la empresa sanciona según la graduación de faltas de la ley o del convenio colectivo que te aplique. Si la falta es grave o muy grave, tiene que comunicártela por escrito, con la fecha y los hechos. Y nunca puede ser una multa sobre el sueldo ni un recorte de vacaciones.

La consecuencia más dura es el despido disciplinario. El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores lo permite por un incumplimiento grave y culpable, y entre sus causas están la indisciplina o desobediencia en el trabajo y las faltas de asistencia repetidas e injustificadas. Negarse a cubrir un servicio esencial encaja en la desobediencia. Que sea suficiente para despedir depende de la gravedad del caso, de lo que diga el convenio y de si hubo reincidencia.

En los dos casos puedes defenderte. La sanción es siempre revisable ante el juzgado de lo social, y el despido se impugna allí en un plazo de 20 días hábiles. Ahí se discute si la designación era válida, si te llegó a tiempo y si la sanción es proporcionada.

Hay otra consecuencia que recae sobre el colectivo. El artículo 6.5 del Real Decreto-ley 17/1977 prohíbe a la empresa sustituir a los huelguistas por personal de fuera, salvo que se incumplan los servicios de seguridad y mantenimiento. En ese caso la prohibición deja de aplicarse.

Si eras pasajero de uno de esos trenes: que un tren no salga en plena huelga no te deja sin derechos aunque no se sepa todavía quién falló. Renfe tiene que ofrecerte la devolución o un viaje alternativo, y te contamos los pasos para pedir la devolución del billete si Renfe cancela tu tren por huelga.

Servicios mínimos abusivos: cómo los recurre el sindicato y qué indemnización cabe

Cuando la orden fija unos servicios mínimos excesivos o sin explicar por qué, el sindicato convocante o el comité de huelga pueden recurrirla ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Como lo que está en juego es un derecho fundamental, se usa el procedimiento especial de los artículos 114 a 122 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que es más rápido que el ordinario.

Los plazos de ese procedimiento son cortos:

  • El recurso se presenta en 10 días, contados desde el día siguiente a la publicación o la notificación de la orden (artículo 115).
  • Su tramitación es preferente sobre los demás asuntos del tribunal (artículo 114).
  • Cuando terminan las actuaciones, el tribunal dicta sentencia en 5 días (artículo 121).

Aun así, lo normal es que la sentencia llegue cuando la huelga ya ha terminado. Por eso su efecto práctico es declarar que la orden vulneró el derecho de huelga y anularla. Esa sentencia pesa en las siguientes órdenes de la misma administración, que tiene que motivar mejor la próxima vez.

Con la anulación se puede pedir una indemnización por daño moral para el sindicato, por el perjuicio que sufrió su convocatoria. Los tribunales la han reconocido en algunos casos, pero no es automática: hay que pedirla y justificar el daño.

El trabajador que cumplió unos servicios mínimos luego anulados no recupera nada en concreto, porque ese día trabajó y cobró. El que fue sancionado por no acudir puede usar la sentencia en su defensa ante el juzgado de lo social, aunque la sanción no se cae sola por el hecho de que la orden se anule después.

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