Cada vez que el Congreso tumba un decreto ley vuelve la misma pregunta entre quienes les tocaba de cerca: qué pasa con un decreto ley no convalidado, si deja de aplicarse en el acto y qué se conserva de lo que ya se había pedido o concedido. El Gobierno puede aprobar normas con fuerza de ley por su cuenta, pero el Congreso tiene treinta días para confirmarlas.
La respuesta depende de dos momentos: lo que pasó mientras el decreto estuvo en vigor y lo que pasa desde el día en que cae. Te explicamos qué dice la Constitución sobre la convalidación, cómo se vota en el Congreso, qué materias no puede tocar un decreto ley y qué conservas si te afectaba uno que ha caído.
Decreto ley no convalidado: deja de existir en cuanto se publica la derogación
Cuando el Congreso vota en contra, el decreto ley queda derogado y deja de aplicarse en cuanto se publica en el BOE el acuerdo de derogación. No pasa por el Senado ni hay una segunda votación: lo que decide el Pleno es definitivo.
La Constitución no deja término medio. El artículo 86.2 de la Constitución obliga al Congreso a "pronunciarse expresamente" sobre su "convalidación o derogación". El Reglamento del Congreso traduce cada voto: los afirmativos cuentan a favor de la convalidación y los negativos, a favor de la derogación.
Por eso el Congreso no puede enmendar el decreto en esa votación ni quedarse con una parte. Es una votación de totalidad: lo acepta o lo rechaza entero.
Si el plazo de treinta días termina sin que el Congreso lo haya convalidado, el resultado es el mismo. La convalidación tiene que ser expresa y dentro de plazo, así que no se puede dar por hecha en silencio.
Lo que se hizo mientras estuvo en vigor sigue valiendo
La derogación de un decreto ley mira hacia delante, no hacia atrás. Mientras estuvo vigente era una norma con rango de ley que obligaba a todos, así que los derechos que nacieron y las resoluciones que se dictaron con él en ese tiempo no se anulan porque el Congreso lo rechace después.
Es lo que en derecho se llama efecto ex nunc, es decir, desde ahora. La no convalidación no declara que el decreto fuera nulo: dice que, a partir de ese día, deja de formar parte del ordenamiento.
El acuerdo de derogación o la norma que venga después pueden aclarar qué pasa con las situaciones a medio camino. No siempre lo hacen: la resolución que derogó en abril la prórroga del alquiler del decreto de marzo de 2026 se limitó a acordar la derogación, sin decir nada de lo ya hecho.
Derogado no es lo mismo que anulado: si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional un decreto ley, la consecuencia es su nulidad, y es la sentencia la que fija hasta dónde llega hacia atrás. La no convalidación, en cambio, es una decisión del Congreso y solo corta la norma desde ese momento.
Entra en vigor al publicarse y el Congreso tiene treinta días para votarlo
Un decreto ley se aplica desde el primer día, sin esperar al Congreso. Lo aprueba el Consejo de Ministros, se publica en el BOE y entra en vigor cuando diga su disposición final, que normalmente fija el mismo día de la publicación o el siguiente.
Aprobar los decretos leyes es una función del Consejo de Ministros, según el artículo 5.1.c) de la Ley 50/1997, del Gobierno. Como responden a una urgencia, se saltan buena parte de los trámites de cualquier otra norma: el artículo 26.11 de esa misma ley los libra de la consulta pública previa y deja la memoria de impacto normativo en una versión abreviada.
Desde que se promulga empieza a correr el plazo. El decreto ley tiene que someterse a debate y votación del Congreso en los treinta días siguientes a su promulgación, y si la Cámara no está reunida, se la convoca para eso. En los periodos sin sesiones, la votación puede hacerla la Diputación Permanente.
El procedimiento es corto y está en el artículo 151 del Reglamento del Congreso. Un miembro del Gobierno explica en el Pleno por qué hacía falta aprobarlo con urgencia, hay un debate como el de totalidad de una ley y se vota.
El decreto puede entrar en el orden del día en cuanto sale en el BOE, sin esperar a que pase el mes. Y el resultado, sea convalidación o derogación, también se publica en el BOE.
Qué es un decreto ley y qué materias no puede tocar
Un decreto ley es una norma que dicta el Gobierno, no las Cortes, pero con la misma fuerza que una ley. La Constitución solo lo permite en caso de extraordinaria y urgente necesidad y lo define como "disposiciones legislativas provisionales": provisionales porque necesitan el visto bueno del Congreso para seguir.
Aun así, mientras está en vigor el decreto ley tiene rango de ley, el mismo escalón que una ley de las Cortes en la jerarquía normativa. Por eso puede modificar o derogar leyes anteriores, y solo otra norma con rango de ley puede cambiarlo a él.
El artículo 86.1 de la Constitución le pone cuatro límites. Un decreto ley no puede afectar:
- Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.
- A los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución.
- Al régimen de las comunidades autónomas.
- Al Derecho electoral general.
Tampoco puede regular lo que la Constitución reserva a ley orgánica, porque esas leyes exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del texto (artículo 81).
El límite de los derechos no quiere decir que un decreto ley no pueda rozar nada que tenga que ver con ellos. El Tribunal Constitucional ha entendido que lo que no puede es regular su régimen general ni sus elementos esenciales, y por eso hay decretos leyes sobre impuestos, alquileres o pensiones.
No hay que confundirlo con el decreto legislativo. Este también lo dicta el Gobierno con rango de ley, pero por encargo previo de las Cortes, que le delegan la tarea mediante una ley (artículo 82 de la Constitución) para redactar un texto articulado o un texto refundido. El decreto legislativo no se convalida porque las Cortes ya lo autorizaron antes.
Convalidado, puede tramitarse además como proyecto de ley
Si el Congreso lo convalida, el decreto ley deja de ser provisional y sigue en vigor tal cual, sin cambiar una coma. Los grupos pueden pedir algo más: que se tramite también como proyecto de ley, lo que abre la puerta a enmendarlo.
Lo prevé el artículo 86.3 de la Constitución y lo desarrolla el artículo 151.4 del Reglamento del Congreso. Tras la convalidación, la Presidencia pregunta si algún grupo parlamentario quiere tramitarlo como proyecto de ley. Si la Cámara dice que sí, se tramita por el procedimiento de urgencia y sin enmiendas de totalidad de devolución.
Mientras dura esa tramitación, el decreto convalidado se sigue aplicando. Cuando se aprueba la ley que sale de ella, ocupa su lugar con los cambios que se le hayan hecho.
Un decreto ley convalidado también se puede derogar más adelante, como cualquier ley: basta con que otra norma con rango de ley, una ley de las Cortes u otro decreto ley, lo derogue o lo modifique. Y puede caer si el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional, por ejemplo porque no había una urgencia real o porque invade una materia prohibida.
Si te afectaba un decreto que ha caído: qué conservas y qué no
Lo primero es mirar las fechas. Lo que hiciste o te reconocieron entre la entrada en vigor del decreto y la publicación de su derogación se rige por él. Lo que llegue después ya no.
- Si ya cobraste una ayuda o te aplicaron una rebaja mientras estaba vigente, en principio no tienes que devolverla por la derogación.
- Si pediste algo y te lo concedieron antes de la derogación, lo conservas hasta que termine.
- Si lo pediste pero estaba sin resolver, depende de si el derecho nacía con la solicitud o hacía falta la resolución. Mira si el acuerdo de derogación o una norma posterior dicen algo de las solicitudes en trámite.
- Si el plazo para pedirlo se iba a abrir después de la derogación, ya no puedes acogerte.
Desde el día en que cae, en general vuelve a aplicarse la regulación que había antes del decreto. Es lo que pasó con la prórroga extraordinaria del alquiler del Real Decreto-ley 8/2026, que el Congreso derogó unas cinco semanas después de aprobarse: los contratos volvieron a las prórrogas ordinarias de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Ejemplo
El Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, permitió a los inquilinos de vivienda habitual pedir una prórroga extraordinaria de hasta dos años. El Congreso lo derogó el 28 de abril de 2026. Una inquilina que la pidió a primeros de abril y a la que el propietario se la concedió la conserva hasta que termine. Un inquilino cuyo contrato vencía en junio y no la había pedido ya no pudo hacerlo, porque desde el 30 de abril, el día que el BOE publicó la derogación, esa prórroga dejó de existir.
Si el Gobierno aprueba después otro decreto parecido, fíjate en su fecha de entrada en vigor. El nuevo no recupera lo que se perdió entre medias salvo que lo diga expresamente.
Preguntas frecuentes
Las dudas que más se repiten sobre quién aprueba un decreto ley y qué puede hacer.
¿Quién aprueba un decreto ley?
El Consejo de Ministros, según el artículo 5.1.c) de la Ley 50/1997, del Gobierno. Después, el Congreso de los Diputados tiene treinta días desde su promulgación para convalidarlo o derogarlo. El Senado no vota en ese trámite.
¿Un decreto ley puede modificar una ley?
Sí. Tiene rango de ley, así que puede modificar o derogar leyes ordinarias. Lo que no puede es entrar en las materias que le prohíbe el artículo 86.1 de la Constitución ni en las reservadas a ley orgánica.
¿Qué diferencia hay entre un decreto ley y un real decreto ley?
Ninguna de fondo. Real decreto ley es el nombre de los que aprueba el Gobierno de España, porque los expide el Rey. Decreto ley es el término que usa la Constitución y el que emplean las comunidades autónomas cuyo Estatuto les permite dictarlos.
¿Se puede derogar un decreto ley que ya se convalidó?
Sí. Una vez convalidado se comporta como una ley más, y otra ley de las Cortes u otro decreto ley pueden derogarlo o modificarlo. Lo que ya no cabe es una segunda votación de convalidación.
