Esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley para reforzar la soberanía científica y tecnológica y, casi a la vez, un real decreto sobre los centros de datos. Los nombres se parecen tanto que quien tiene que cumplir una de esas normas, o solo lee la noticia, se pregunta qué separa un real decreto y decreto ley y cuál de los dos pesa más.
Todo depende del rango: uno es un reglamento y el otro tiene la misma fuerza que una ley de las Cortes, y eso cambia quién lo controla y cómo se recurre. Te explicamos cómo se aprueba cada uno, desde cuándo obliga y qué puedes hacer si te perjudica.
Diferencia entre real decreto y real decreto-ley: un reglamento frente a una norma con rango de ley
Un real decreto es un reglamento: lo aprueba el Gobierno y está siempre por debajo de la ley, así que no puede contradecirla. Un real decreto-ley es una norma con rango de ley que el Gobierno dicta solo en casos de extraordinaria y urgente necesidad, y que el Congreso tiene que convalidar en 30 días.
La Constitución separa las dos potestades. El artículo 97 de la Constitución da al Gobierno la potestad reglamentaria, de la que salen los reales decretos. El artículo 86 le permite dictar, de forma excepcional, "disposiciones legislativas provisionales" que toman la forma de decretos-leyes.
El rango decide casi todo lo demás. Un real decreto puede desarrollar una ley, pero no cambiarla. Un real decreto-ley sí puede modificar o derogar una ley, igual que haría otra ley aprobada por las Cortes, siempre dentro de los límites que le pone la Constitución.
Ejemplo
Una ley fija que un permiso dura cinco días. El real decreto que la desarrolla puede decir cómo se pide ese permiso y qué papeles hay que presentar, pero no puede alargarlo a ocho días: contradiría una norma superior y el Tribunal Supremo lo anularía. Un real decreto-ley, en cambio, sí puede cambiar esos cinco días por ocho, porque tiene el mismo rango que la ley que modifica.
Qué es un real decreto-ley y cuándo puede usarlo el Gobierno
El real decreto-ley es la vía rápida del Gobierno para legislar sin esperar a las Cortes, y solo vale cuando hay una necesidad extraordinaria y urgente. Se aplica desde que se publica y el Congreso lo vota después.
La Constitución le cierra cuatro terrenos. Según el artículo 86.1, un decreto-ley no puede afectar:
- Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.
- A los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos del Título I.
- Al régimen de las comunidades autónomas.
- Al Derecho electoral general.
Una vez publicado, el Congreso tiene 30 días desde su promulgación para votar si lo convalida o lo deroga, en una votación de totalidad (artículo 86.2). Si lo deroga, la norma decae. Lo que pasa entonces con lo que ya se aplicó lo contamos en qué pasa si el Congreso no convalida un decreto ley.
Quién aprueba cada uno y cómo se tramita
Los dos los aprueba el Consejo de Ministros, pero el camino hasta esa reunión es muy distinto. El artículo 5.1 de la Ley 50/1997, del Gobierno le atribuye aprobar los reales decretos-leyes y los reales decretos legislativos, y también los reglamentos que desarrollan las leyes, estos "previo dictamen del Consejo de Estado".
El "real" del nombre viene de la firma. El artículo 62.f) de la Constitución encarga al Rey expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, así que el Rey los firma aunque la decisión sea del Gobierno.
El real decreto: consulta, audiencia y Consejo de Estado
Un real decreto que regula una materia sigue el procedimiento del artículo 26 de la Ley del Gobierno, con estos pasos:
- Una consulta pública previa en la web del ministerio, abierta como mínimo 15 días naturales.
- Una Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que explica por qué hace falta la norma y qué cuesta.
- La audiencia e información pública del texto cuando afecta a derechos de las personas, de 15 días hábiles, que pueden bajar a siete si hay razones justificadas.
- Los informes de la Secretaría General Técnica y, cuando es preceptivo, el dictamen del Consejo de Estado.
- El paso por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y la aprobación en Consejo de Ministros.
Hay excepciones, como las normas puramente organizativas o la tramitación urgente, que permiten saltarse alguno de esos trámites justificándolo en la memoria.
El real decreto-ley: sin consulta ni audiencia
El apartado 11 del mismo artículo 26 deja fuera a los decretos-leyes. No pasan por consulta pública ni por audiencia: basta una memoria abreviada y la aprobación en Consejo de Ministros. El control llega después, con la votación del Congreso.
Esa urgencia también explica por qué un Gobierno en funciones puede aprobar decretos ley aunque tenga la gestión limitada al despacho ordinario. El artículo 21.3 de la Ley del Gobierno le deja salir de ese despacho en casos de urgencia debidamente acreditados.
El real decreto legislativo, la tercera figura que se confunde con las otras dos
El real decreto legislativo también tiene rango de ley, pero no nace de la urgencia sino de un encargo de las Cortes. Las Cortes delegan en el Gobierno la redacción de una norma concreta, con un plazo fijado, y el Gobierno la aprueba con ese nombre (artículos 82 a 85 de la Constitución).
La delegación tiene dos formas, según el artículo 82.2. Una ley de bases, cuando el encargo es escribir un texto articulado nuevo, y una ley ordinaria, cuando se trata de refundir varias leyes en un solo texto. Lo que separa un texto articulado de un texto refundido lo contamos aparte.
Tampoco puede tocar cualquier cosa: el artículo 82.1 deja fuera las materias reservadas a ley orgánica, como el desarrollo de los derechos fundamentales o el régimen electoral general. Y la delegación se agota en cuanto el Gobierno publica la norma.
Muchas leyes que se consultan a diario son en realidad reales decretos legislativos. El Estatuto de los Trabajadores vigente, por ejemplo, es el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, un texto refundido.
| Norma | Rango | Quién la impulsa | Cuándo se usa | Quién la controla |
|---|---|---|---|---|
| Real decreto | Reglamento, por debajo de la ley | El Gobierno, con su potestad reglamentaria | Para desarrollar leyes u organizar la Administración | Tribunal Supremo |
| Real decreto-ley | Rango de ley | El Gobierno, por su cuenta | Extraordinaria y urgente necesidad | Congreso en 30 días y Tribunal Constitucional |
| Real decreto legislativo | Rango de ley | Las Cortes, que delegan en el Gobierno | Texto articulado o refundido por encargo | Tribunal Constitucional y, si se sale de la delegación, los tribunales |
Cuándo entra en vigor un real decreto y cuándo un real decreto-ley
Los dos entran en vigor el día que diga su disposición final. Si no dicen nada, se aplica el artículo 2.1 del Código Civil: 20 días después de su completa publicación en el BOE.
En el real decreto-ley lo habitual es que la propia norma diga que entra en vigor el día siguiente al de su publicación, o ese mismo día, porque su razón de ser es la urgencia.
Los reales decretos tienen una regla más. El artículo 23 de la Ley del Gobierno pide que, cuando impongan nuevas obligaciones a quienes ejercen una actividad económica o profesional, empiecen a regir el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación. Esa regla no vale para los reales decretos-leyes, y admite excepciones, como el plazo para trasponer una directiva europea.
Mira la disposición final: los 20 días del Código Civil solo cuentan si la norma no dice otra cosa, y casi todas lo dicen. Antes de dar por buena una fecha, busca al final del texto en el BOE la disposición que fija su entrada en vigor.
Cómo distinguirlos en el BOE por el nombre y el número
El nombre va siempre delante en el BOE y no deja dudas: Real Decreto, Real Decreto-ley o Real Decreto Legislativo, seguido de un número, el año y la fecha en que se aprobó.
Cada tipo lleva su propia numeración, que vuelve a empezar cada año. Un Real Decreto 15 y un Real Decreto-ley 15 del mismo año son dos normas distintas sin ninguna relación. Tres ejemplos conocidos:
- Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, que aprueba el Reglamento General de Circulación.
- Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, el que todavía regula la huelga.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.
Los reales decretos llegan a números altos porque se aprueban por cientos cada año. Los reales decretos-leyes se quedan en unas decenas. Y semanas después de un real decreto-ley, el BOE publica una resolución del Congreso con el acuerdo de convalidación o derogación, algo que nunca acompaña a un real decreto.
Recurrir un real decreto o un real decreto-ley: dónde y quién puede hacerlo
Un real decreto lo puede recurrir quien tenga un interés legítimo, ante el Tribunal Supremo. Un real decreto-ley no: solo lo llevan al Tribunal Constitucional unos pocos órganos, y el particular tiene que esperar a un pleito propio.
Contra un real decreto: dos meses ante el Supremo
Los reales decretos del Consejo de Ministros se recurren directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en única instancia, según el artículo 12.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El plazo es de dos meses desde el día siguiente a su publicación (artículo 46.1).
Si ese plazo pasa, no todo está perdido. El artículo 26 de la misma ley permite recurrir el acto concreto que te aplica el real decreto, alegando que el reglamento no es conforme a Derecho. Es lo que se llama recurso indirecto.
Contra un real decreto-ley: el Tribunal Constitucional
Un real decreto-ley tiene rango de ley, así que solo lo puede anular el Tribunal Constitucional. El artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional reserva el recurso de inconstitucionalidad al presidente del Gobierno, al Defensor del Pueblo, a 50 diputados o 50 senadores, y a los gobiernos y parlamentos autonómicos cuando afecta a su autonomía. El plazo es de tres meses desde la publicación (artículo 33).
Un particular no puede presentar ese recurso, pero tiene otras salidas:
- Pedir al Defensor del Pueblo que lo presente él, dentro de esos tres meses.
- En un juicio en el que se le aplique la norma, pedir al juez que plantee una cuestión de inconstitucionalidad, si el fallo depende de ella (artículo 163 de la Constitución y artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional).
- Ir en amparo si el acto que le aplica la norma vulnera un derecho fundamental de los artículos 14 a 29 o la objeción de conciencia (artículo 41 de esa ley).
Preguntas frecuentes
Tres dudas más sobre los reales decretos-leyes que conviene tener claras.
¿Cómo se escribe, real decreto ley o real decreto-ley?
El BOE lo escribe con guion y ley en minúscula, como en el Real Decreto-ley 17/1977. El plural es reales decretos-leyes, la forma que usan la Constitución y la Ley del Gobierno. Con mayúsculas solo se escribe cuando se cita una norma concreta con su número.
¿Qué diferencia hay entre un decreto ley y un real decreto ley?
Son la misma figura, una norma con rango de ley dictada por urgencia. El real decreto-ley lo aprueba el Gobierno de España y lo expide el Rey. Decreto ley a secas es el nombre de los que aprueban los gobiernos autonómicos cuyo Estatuto lo permite, y los convalida su propio parlamento.
¿Cuándo un real decreto ley se convierte en ley?
La convalidación no lo convierte en ley: sigue siendo un real decreto-ley con rango de ley. Solo acaba en una ley si las Cortes lo tramitan además como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, como permite el artículo 86.3 de la Constitución. Esa tramitación termina con una ley nueva, con su propio número.







