¿Pueden echar a un anciano de una residencia? Causas y qué hacer

Si tu padre, tu madre o un abuelo vive en una residencia, es normal que te preguntes si el centro puede echarlo. La duda aparece sobre todo cuando hay un impago, un episodio de agresividad o un enfrentamiento con la dirección, y la familia no sabe qué derechos tiene ni cuánto tiempo le van a dar para buscar otra plaza.

La respuesta depende del contrato y del reglamento interno del centro, de la normativa de servicios sociales de cada comunidad autónoma y de si la plaza es pública, concertada o privada. En este artículo te contamos en qué casos puede una residencia dar de baja a un residente, qué tiene que hacer antes, qué pasa con un impago y qué puedes hacer tú si te notifican una baja.

La residencia puede dar de baja a un residente, pero no por las buenas

Un residente no es un huésped al que se pueda despedir sin más. Tiene un contrato de servicios que incluye alojamiento y cuidados y, en una residencia privada, es un contrato con un consumidor. La ley de consumidores dice dos cosas que importan aquí. Es abusiva la cláusula que deja al centro resolver el contrato cuando quiera si el usuario no tiene la misma facultad (art. 87.3), y también la que permite dar de baja a un residente sin avisarle con una antelación razonable (art. 85.4). En cambio, no es abusivo prever la baja por incumplimiento o por motivos graves.

Dicho en corto: la residencia puede dar de baja a un residente, pero solo por una causa prevista en el contrato o en el reglamento de régimen interior, con un aviso por escrito y un plazo razonable para buscar alternativa. Una baja de un día para otro o sin un motivo concreto se puede impugnar. El Código Civil va en la misma línea: el cumplimiento de un contrato no puede dejarse al arbitrio de una de las partes (art. 1256).

Las causas que suelen figurar en los reglamentos

No existe una lista única para toda España. Cada comunidad autónoma regula sus centros de servicios sociales y cada residencia tiene su propio reglamento, así que lo primero es leer el que firmaste. Las causas que más se repiten son estas:

• Impago de la estancia, normalmente después de un requerimiento.
• Violencia o una conducta que pone en riesgo a otros residentes o a los trabajadores.
• Incumplimiento grave y repetido de las normas de convivencia.
• Necesidades de atención que el centro no puede cubrir, como un cuadro psiquiátrico que exige un recurso específico.

Fíjate en que ninguna depende de que la residencia ya no quiera al residente. Tiene que haber un hecho concreto, que se pueda probar y que estuviera previsto de antemano. Y cuando la agresividad viene de una demencia u otra enfermedad, lo normal es que el centro ajuste la atención o busque con el médico y los servicios sociales un recurso adecuado, no que dé la baja sin más.

En una residencia pública o concertada interviene la Administración

Si la plaza la paga la Administración, lo habitual es que la baja no la decida solo el centro: se tramita como un procedimiento administrativo de tu comunidad. Eso trae las garantías de la Ley 39/2015:

• Un trámite de audiencia de 10 a 15 días para presentar alegaciones y documentos (art. 82).
• Una resolución motivada, porque limita derechos del residente (art. 35).
• Un recurso de alzada en el plazo de un mes si la resolución es expresa (art. 122).
• Después, el recurso contencioso-administrativo, en dos meses desde la notificación (art. 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).

La causa concreta la fija la normativa de tu comunidad, así que pide que la resolución la cite. Y si el motivo es el dinero, la aportación del residente se calcula según el coste del servicio y su capacidad económica (art. 33 de la Ley 39/2006 de Dependencia): lo primero es pedir a los servicios sociales que la revisen.

En una residencia privada, sin juez nadie saca a un anciano por la fuerza

Si la residencia es privada, es una relación entre particulares. El centro puede dar por terminado el contrato por un incumplimiento, pero si el residente o su familia no están de acuerdo, decide el tribunal (art. 1124 del Código Civil). Hasta entonces, el centro no puede sacarlo por la fuerza ni dejarlo sin atención.

Dejar en la calle a una persona que no se vale por sí misma puede ser un delito de abandono, que el artículo 229 del Código Penal castiga cuando la víctima es una persona con discapacidad necesitada de especial protección y quien la abandona es quien tiene su guarda. Por eso lo prudente es que cualquier baja venga con un sitio al que ir: otra residencia, un hospital o el domicilio de un familiar que lo acepte.

Si el problema es un impago, cobrar y dar de baja son cosas distintas

El impago es la causa más habitual y conviene separar dos cosas. Para cobrar la deuda, la residencia puede acudir al proceso monitorio, que sirve para reclamar una deuda de dinero líquida, determinada, vencida y exigible, acreditada con un contrato firmado o con facturas (art. 812 de la LEC). La petición se presenta sin abogado ni procurador (art. 814).

Pero el monitorio reclama dinero, no desaloja a nadie. Para dar de baja al residente por impago, el centro tiene que cumplir lo que diga el contrato, que suele exigir un requerimiento de pago fehaciente, por ejemplo por burofax, y un plazo para ponerse al día. Si la deuda se debe a que la familia no puede asumir el coste, lo mejor es hablar cuanto antes con los servicios sociales de tu comunidad.

Qué hacer si te notifican la baja

Si el centro te comunica que da de baja a un residente, no firmes nada ni muevas a nadie a toda prisa. Estos son los pasos:

1. Pide por escrito los motivos de la baja y una copia del contrato y del reglamento de régimen interior. La ley obliga a entregar copia del contrato con sus condiciones (art. 63 del texto refundido de la Ley de Consumidores).
2. Presenta alegaciones por escrito dentro del plazo que te den, con informes médicos o recibos si el motivo es una conducta o un impago.
3. Avisa a los servicios sociales de tu comunidad y, si la plaza es pública o concertada, recurre la resolución en el plazo que indique.
4. Si la residencia es privada, presenta una reclamación de consumo y guarda todo lo que recibas.
5. Si hay riesgo de que el residente se quede sin sitio, acude a la Fiscalía o al juzgado.

Cuidado con firmar una baja voluntaria: si la residencia te la presenta como la única salida y la firmas, lo normal es que se entienda como una decisión tuya y se complica mucho reclamar después.

¿Se puede sacar a una persona de la residencia? Es otra cosa

La pregunta contraria también se repite. Si tu madre o tu padre pueden decidir por sí mismos, pueden irse cuando quieran, respetando el aviso que pida el contrato. Sus hijos no pueden sacarlos ni ingresarlos contra su voluntad (un ingreso involuntario exige autorización judicial). Desde la reforma de 2021, las medidas de apoyo tienen que respetar su voluntad, deseos y preferencias, y solo en casos excepcionales incluyen funciones de representación (art. 249 del Código Civil).

Si hay una curatela con representación, decide el curador en los actos que fije la resolución judicial (art. 269). Y ni la residencia ni su personal pueden ser quienes presten ese apoyo: el mismo Código lo dice expresamente en el art. 250.

Si el ingreso se hizo con autorización judicial por un trastorno psíquico, la salida también la decide el tribunal. Los médicos informan al tribunal cada seis meses y, si consideran que no hace falta mantener el internamiento, dan el alta y lo comunican al juez (art. 763 de la LEC). Si lo que te preocupa es hasta dónde llega tu deber de cuidar a tus padres, lo explicamos en la obligación legal de cuidar a los padres.

Preguntas frecuentes

Las dudas que más se repiten cuando se habla de echar a una persona mayor de una residencia.